ATILRA DENUNCIA UNA “NUEVA MANIOBRA FRAUDULENTA” CONTRA DIRECTIVOS DE SANCOR

La entidad sindical hizo referencia a un Fideicomiso Financiero de Administración suscripto con el BICE Fideicomisos SA por el cual colocaron fuera de la órbita de la empresa el flujo de caja, que, de acuerdo a lo establecido en el art. 743 CPCCN, es garantía común de los acreedores, explicaron fuentes gremiales.

De acuerdo a lo manifestado, el propio contrato en su Anexo I establece y crea una prioridad de Acreedores privilegiados totalmente ajena incluso a las categorías previstas en la Ley Concursal.

De esta manera, el contrato fraudulento limita y detrae el Derecho de Propiedad de los Acreedores impidiendo el acceso a la percepción de sus créditos, resultando lesivo a los derechos de terceros, en los términos del art. 1.004 CPCCN.

Tanto el Cuerpo de Delegados de Sancor C.U.L., como los Directivos de OSPIL, AMPIL y ATILRA, así como los asesores letrados consultados, coinciden al afirmar que el mencionado contrato constituye un fraude en los términos del art. 172 y cc del Código Penal Argentino, violando además las expresas disposiciones de los arts. 9, 12, 340, 1.004, 1.674, 1.686 y cc del CCCN, y resultando por inoponible a los acreedores afectados.

Recordando las recientes denuncias por evasión fiscal, los trabajadores también coinciden al sostener que los directivos de la empresa han vuelto a delinquir, y que pretenden acallarlos con el armado de falsas denuncias de amenazas contra los Delegados del Personal. Es por ello que reclaman imperiosamente la intervención de la Justicia.

ATILRA ya envió carta documento a los responsables del fideicomiso fraudulento detectado, intimando el cese inmediato de la conducta antijurídica. Los especialistas se encuentran preparando la denuncia penal, para que los responsables sean incriminados, juzgados y condenados.

Referentes sindicales de ATILRA presentaron en las últimas horas una denuncia penal contra integrantes del Consejo de Adminsitración de SANCOR por supuestas maniobras  ilícitas a los fines de impedir que los trabajadores de la empresa ejerciten sus legítimos reclamos laborales.

En la denuncia se describen numerosos casos de apriete contra los trabajadores y medidas efectuadas para amedrentar y provocar reacciones del personal con el objetivo de avanzar con acusaciones y hasta el despido de la firma.

Los denunciantes solicitan a la Unidad Fiscal 505 de Rafaela, Santa Fe, la investigación de los ilícitos detallados ante sede judicial para establer quiénes están detrás de las conductas ansindicales, así como quiénes las ejecutan o mandan a ejecutar.