Acusan que las dilaciones judiciales perjudican a cientos de miles de vigiladores y apuntan a la complicidad con otras asociaciones sindicales

EL BLOQUE NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA DENUNCIA INACCION DE LA CORTE SUPREMA

(21 de marzo) Tras el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia por parte del presidente Alberto Fernández, otro cuestionamiento se suma a las autoridades del máximo tribunal: desde el Bloque Nacional de Seguridad Privada que conducen Christian López y Leónidas Requelme, salieron a denunciar que las dilaciones judiciales perjudican a cientos de miles de vigiladores.

La desidia que enfrentan los trabajadores de la seguridad privada se debe a un cúmulo de cosas que están mal. Ya hemos hablado de las complicidades de Asociaciones Sindicales que sigue sosteniendo a un dirigente como Ángel García al frente de UPSRA, quien no presenta memoria y balance hace 10 años y quien ya, con el mandato por demás vencido, hace rato debió convocar a un proceso eleccionario y sin embargo no lo hace.

Quien también tiene gran responsabilidad por la grave situación institucional de UPSRA y repercute directamente en la desastrosa situación de los vigiladores es la Corte Suprema. Son casi 200.000 familias que se ven afectadas por las indefiniciones judiciales y estatales. Parece que el gremio de la Unión del Personal de Seguridad Privada de la República Argentina, (U.P.S.R.A) es una papa caliente que nadie quiere agarrar.

El caso es que las demoras de la Corte que ya llevan 5 años impiden la normalización del gremio. A su vez, el Ministerio de Trabajo se excusa que hay causas en la Corte, la Corte no define y en el medio, los trabajadores que sufren a diario la precarización que los empresarios usufructúan a su favor por la acefalia virtual en el gremio. "Hay causas que ya llevan 5 años cajoneadas, no hay respuestas para los trabajadores, se pasan la pelota unos a otros, la desidia es absoluta", denunciaron desde el Bloque Nacional.

UPSRA fue uno de los 23 gremios intervenidos en la era macrista. Las causas de la intervención fueron, entre otras, la grave acefalia en que quedó la entidad gremial luego de que su Secretario General, Ángel García, pretendiera ilegalmente extender su mandato sin convocar a elecciones ante la avanzada de la lista opositora de Leónidas Requelme que se perfilaba como vencedora en los próximos comicios y denuncias varias por desvíos de los aportes de los afiliados.

Al iniciar el gobierno del actual presidente, la justicia a través de una medida cautelar interpuesta por García, inexplicablemente resolvió dejar sin efecto las causas que llevaron a la intervención y entregarle nuevamente el gremio al octogenario dirigente "hasta convocar nuevas autoridades" según la sentencia del fallecido juez Álvaro Balestrini. A tal fin, el Ministerio de Trabajo extendió una "Certificación Provisoria de Autoridades". El problema radica en que lo provisorio se transformó en eterno, la medida cautelar en infinita, y García nunca convocó a elecciones de acuerdo a lo estipulado en el fallo judicial.

 

La impunidad de Ángel García y de su esposa, Celestina Ferrara, ya es por demás inmoral. Involucrados en delitos impositivos, penales y civiles, también fueron denunciados por defraudación a la obra social y abandono de persona, instancias que valieron hasta el día de hoy para mantener intervenida a la prestadora de salud OSPSIP. "A pesar de las muertes en pandemia por la falta de prestaciones, todavía los máximos responsables de la obra social continúan caminando impunemente por las calles", señalaron desde el Bloque Nacional, y anunciaron que “debido a la situación insostenible y las inexplicables indefiniciones, se está organizando una marcha con un posible acampe por tiempo indeterminado, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en Asociaciones Sindicales hasta que resuelvan todas las irregularidades de UPSRA”

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