La investigación del juez Ramos Padilla suma pruebas y nombres de las operaciones de la AFI macrista

CRECE EL ESCANDALO DE ESPIONAJE ILEGAL: LOS GREMIOS VAN CONTRA ARRIBAS Y MAJDALANI

(20 de diciembre) La semana que pasó dejó mucha tela para cortar en la causa de espionaje ilegal del gobierno de Mauricio Macri. La noticia más importante fue el procesamiento a los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Pero además se confirmó la información que difundimos desde Conciliación Obligatoria y otros de nuestros medios referida a las operaciones de las que fueron objeto dirigentes gremiales y las propias organizaciones sindicales que, de profundizarse, serán un nuevo escándalo. La causa, que investiga el juez Alejo Ramos Padilla, viene descubriendo la forma que los servicios de inteligencia realizaban seguimiento a la dirigencia en general, pero en esta nueva etapa, el magistrado encontró pruebas de las operaciones que se hicieron sobre centenar de organizaciones sindicales, entre ellas los gremios estatales bonaerenses, que tuvieron una actitud de oposición a las políticas del gobierno nacional y del provincial, encabezado por María Eugenia Vidal.

Según el último dictamen, los espías realizaron seguimiento e informes a distintas seccionales de ATE, CICOP, SUTEBA, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), entre otros. Si a esto le sumamos la denuncia de los dirigentes camioneros Hugo y Pablo Moyano más otras acusaciones que se podrían sumar en breve, la situación de los ex funcionarios macristas se vería muy complicada, inclusive para Mauricio Macri, el ejecutor de este plan de espionaje.

La dirigencia no ocultó su indignación, y adelantaron que buscarán ser querellantes de la causa, para conocer más detalles de las tareas ilegales que sufrieron. Hace un tiempo se había conocido que la AFI espió a las organizaciones sociales vinculadas a ATE en el conurbano bonaerense.

Ramos Padilla apunta a un nuevo listado de objetivos ilegales de la AFI, que incluye al menos 50 gremios de todo el país. Entre ellos, hubo tareas de espionaje a todos los sindicatos de estatales de la provincia de Buenos Aires, en especial a sus seccionales del conurbano bonaerense. Estas tareas, afirma el fallo, estaban a cargo de las delegaciones provinciales dependientes de la Dirección de Reunión provincia de Buenos Aires, buscaron “la identificación de sus referentes, los principales conflictos a nivel local y provincial y las medidas de fuerza gremial que llevaban adelante”.

“De la lectura de los documentos surge de manera cristalina la ausencia de ‘alertas’ de eventos que pusieran en peligro la seguridad interior o la defensa nacional. No se desprende siquiera una hipótesis vinculada a la comisión de algún delito complejo de los que la AFI se encuentra autorizada a investigar. Tal y como se ha dicho antes, una y otra vez se observa la recopilación sistemática de información de carácter político que pudiera resultar de interés para la gestión de turno”, remarcó la resolución del juez.

La noticia generó el repudio de toda la dirigencia sindical, que viene denunciando este tipo de operaciones respecto de estas tareas. Los judiciales bonaerenses (ABJ) analizan presentarse como querellantes, para conocer la información que la inteligencia ilegal recolecto de las actividades del gremio. Desde el gremio docente SUTEBA recordaron que su titular Roberto Baradel fue objeto de varias operaciones durante el macrismo, en especial cuando se discutía la paritaria salarial. En el fallo de esta semana se habla de espionaje en varias seccionales, entre ellas Bahía Blanca, Esteban Echeverría y Tigre.

Por último, desde los trabajadores de la salud nucleados en la CICOP se hicieron eco de las denuncias y recordaron que durante el gobierno de Macri denunciaron tareas similares en el hospital Posadas de El palomar, en Morón, en el marco de los despidos masivos que ordenó la dirección de ese nosocomio. La semana pasada se realizó una conferencia de prensa virtual donde los trabajadores damnificados dieron detalles sobre el “espionaje, persecución represión y despidos” que padecieron durante la gestión anterior.

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