Mantienen el estado de alerta y cuestionan las políticas educativas y sanitarias de Rodríguez Larreta

GREMIOS DE DOCENTES PORTEÑOS SIGUEN RECHAZANDO LAS CLASES PRESENCIALES

(9 de mayo) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se aferró al fallo de la Corte Suprema de Justicia que convalidó las clases presenciales en el distrito y decidió no judicializar el último decreto del presidente Alberto Fernández, mientras que la oposición porteña y los sindicatos docentes ratificaron sus cuestionamientos a la medida y denunciaron un acuerdo político entre los jueces del máximo tribunal y Horacio Rodríguez Larreta. En ese marco, los sindicatos mantendrán el estado de alerta y sostendrán el cese de actividades si la administración de la Ciudad sigue sosteniendo la obligatoriedad de las clases presenciales.

El secretario Adjunto del gremio docente (UTE) Eduardo López, afirmó que Rodríguez Larreta optó por no efectuar el reclamo ante el máximo tribunal, tal como lo hizo ante el primer decreto, porque "no les importa lo que diga la Justicia" y "sabían que la Corte iba a fallar en ese sentido".

López –también dirigente gremial de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires- manifestó que desde la administración que encabeza Larreta "consideran que el fallo de la Corte ya los exime para siempre", por lo cual dijo que "no necesitan ya ir a la justicia porque los ricos no piden permiso".

"Creo que los cinco sabandijas de la Corte Suprema se creen por arriba de la Constitución y Larreta se cree por arriba del dispositivo sanitario del Gobierno nacional", afirmó el sindicalista y sostuvo que "está comprobado que las escuelas contagian ya que al abrir las escuelas subieron los contagios en menores de 18 años".

"Hay un negacionismo sanitario que acá lo expresa la alianza de Juntos por el Cambio", destacó. En medio de las diferencias políticas en torno a la presencialidad en las escuelas y las medidas sanitarias por la segunda ola de coronavirus, que motivaron la intervención de la Corte, los Gobiernos nacional y porteño acordaron retomar las conversaciones por el reparto de fondos de la coparticipación federal destinados al financiamiento de las fuerzas de seguridad en la Ciudad.

 

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